El día que un aliado del Chapo compró los Gallos Blancos de Querétaro con dinero del narco.

Redacción, 8 de Marzo.- La trifulca en el Estadio Corregidora de Querétaro ha conmocionado al país desde el sábado tras difundirse imágenes con aficionados que yacían en el suelo, violentos enfrentamientos y familias que intentaban resguardar a sus hijos. La batalla campal ha causado tales niveles de indignación que las sanciones exigen desde la desafiliación de los Gallos Querétaro hasta la restricción de México para formar parte del Mundial 2026.

Mikel Arriola Peñalosa, presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, aseguró que presentará una estrategia para impedir que las barras bravas no puedan entrar en los estadios de visita y anunció que el estadio Corregidora está vetado hasta que terminen las investigaciones. Tampoco descartó que pudiera existir una desafiliación para los Gallos por los hechos ocurridos el sábado en la ciudad de Querétaro.

“Sin duda (podrían ser desafiliados). Esto tendrá que llegar a esas instancias. Los clubes son los responsables de la relación con las barras. Y si estas barras van más allá de los acuerdos que tienen con los clubes, existiendo ya antecedentes, esto agrava la responsabilidad de los involucrados. No solamente se está analizando el estatus del propio estadio. Se tiene que revisar la relación que tiene el club con la Liga y el club con sus grupos de animación”, explicó Arriola.

Esta no es la primera vez que los Gallos de Querétaro podrían ser desafiliados, pues cabe recordar que en 2004 una investigación de la entonces Procuraduría General de la República (hoy fiscalía) reveló que su ex propietario Tirso Martínez Sánchez, mejor conocido como El futbolista, también dueño del Irapuato y Ciudad Juárez, estaba ligado al narcotráfico.

El Futbolista trabajó para los cárteles de Sinaloa y Ciudad Juárez entre 1995 y 2003. Sus ganancias por el negocio de las drogas las invirtió en la compra de equipos de futbol: Querétaro, Irapuato, Venados de Yucatán y La Piedad.

Sin embargo, fue una auditoría que realizó la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) lo que les permitió detectar irregularidades en los casos de Irapuato y Querétaro; además de detectar que el propietario se dedicaba a traficar cocaína a Estados Unidos. La FMF desembolsó USD 14 millones de dólares para comprarle a Tirso Martínez Sánchez las franquicias de Querétaro e Irapuato en el 2006, al percatarse que éste era un narcotraficante.

Alberto de la Torre, quien fue presidente del organismo de 2000 al 2006, contó lo siguiente al portal Medio Tiempo: “Esos dos en especial se vio que no tenían la solvencia o no presentaron los papeles suficientes a la empresa que nosotros le encomendamos el trabajo. Con el que aparecía como presidente (de Irapuato y Querétaro) sí estuvimos en contacto y ellos nos pasaban las decisiones. Se hizo todo lo posible para comprárselos y ahí en ese momento sí se pudo comprar y se pudieron tener esas dos franquicias en reserva para que se pudieran vender”.

Dicha situación hizo que la FMF tuviera que comprar los equipos a plazos, según dio a conocer el ex directivo. “Las dos costaron alrededor de 14 millones de dólares y fue barato en comparación de lo que valen ahora los equipos”, mencionó. Pero en julio de 2019, Reforma informó que Caja Libertad (ahora conocida como Libertad Servicios Financieros) le pagó USD 7 millones a Tirso Martínez por el club Querétaro, negociando directamente con el narcotraficante.

Tirso Martínez Sánchez declaró en diciembre de 2018 que el dinero que obtuvo del narcotráfico lo gastó en propiedades, caballos, peleas de gallos, juegos de azar, equipos de futbol y vehículos. Él estuvo a cargo de los cargamentos de cocaína que ingresaron a Nueva York, Los Ángeles y Chicago, lo cual le generó ganancias por USD 70 millones.

Martínez Sánchez fungió como testigo en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán y en diciembre de 2018 fue cuando dio detalles de la venta de los equipos que fútbol.

En febrero de 2014, la PGR investigó al entonces propietario del club y dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, por un fraude de USD 400 millones.