Diputados de Morena Hidalgo, arremeten contra fiscalía de Puebla por helicopterazo de Moreno Valle.

Redacción, 16 de Abril.- La parcialidad con la que se conduce la Fiscalía General de Puebla en el proceso contra los presuntos responsables del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y el senador Rafael Moreno Valle, fue expuesta por la fracción de Morena en el Congreso de Hidalgo.

Esto, al revelar que la Fiscalía poblana pidió sólo la medida cautelar de prisión preventiva para los trabajadores del taller, entre ellos al hidalguense Israel O.J., quienes daban mantenimiento al helicóptero, pero no lo hizo contra tres directivos de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano (SAASA) propietaria de la aeronave, quienes llevan el juicio en libertad.

El diputado Ricardo Baptista, respaldado por otros 16 legisladores de Morena, presentó un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Judicial de Puebla y a la FGEP para que se garantice el debido proceso apegado a verdad, imparcialidad, legalidad, objetividad y respeto a los derechos humanos, salvaguardándose el principio pro persona en beneficio del hidalguense.

“En aras del principio de imparcialidad, solicitamos que, así como tres directivos de la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A., que también fueron vinculados a proceso por el mismo caso, y a quienes el Ministerio Público no pidió la prisión preventiva ante el juez, se revise el otorgamiento entonces de un amparo en adhesión para nuestro conciudadano, Israel O.J.”, pidió el legislador.

En su escrito, el diputado hidalguense sostuvo que el percance en el que falleció el matrimonio Moreno Valle y tres personas más -ocurrido el 24 de diciembre de 2018- se da en un “contexto de corrupción entre algunos empresarios y miembros de la clase política para quienes lo más importante han sido los negocios, mientras que el cumplimiento y respeto a la normatividad ha quedado tolerada”.

Recordó que los propietarios del taxi aéreo son los empresarios Antonio y Rafael Torres Mendoza, quienes a su vez compraron la aeronave a la empresa Eolo Plus, que era propiedad de Armando Hinojosa Cantú, empresario favorecido en el gobierno de Enrique Peña Nieto y ligado a la llamada Casa Blanca.

En las últimas semanas, la FGEP ha informado sobre la vinculación a proceso de los tres directivos de SAASA, entre ellos Rafael T. L., hijo del socio mayoritario de la empresa, Antonio Torre, sin embargo, en ningún momento la autoridad poblana aclaró en sus boletines que estos indiciados llevarían el proceso en libertad.

Mientras que el dueño y los trabajadores del taller Rotor Flight Service, entre ellos dos mujeres empleadas administrativas, están presos en los penales de Huejotzingo y San Miguel. Cabe aclarar que los nueve son acusados de los mismos delitos: homicidio culposo, daño en propiedad ajena y falsedad de declaración ante autoridad, que no son considerados graves.

Baptista mencionó que incluso los familiares de Israel O.J., entregaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Miguel Barbosa Huerta en el que piden que se actúe con legalidad en este caso.

Dijo que los familiares del mecánico, originario de Tula, se sienten “maltratados” por la justicia poblana, porque tanto él como los otros trabajadores del taller colaboraron en todo momento cuando fueron requeridos para declarar por la autoridad judicial de Puebla.

El diputado narró que parientes y vecinos dan testimonio que Israel fue detenido el 24 de diciembre de 2020 con engaños, sin orden de presentación, ni de aprehensión, para ser llevado al penal de Huejotzingo 12 horas después, lo que viola el debido proceso y los derechos humanos.

Además, recalcó que, aunque la defensa ha solicitado que el mecánico pueda llevar el caso en libertad como los tres directivos de la propietaria del helicóptero, luego de que los delitos que se les imputan no son graves, a la fecha se les niega ese derecho.

“Si bien es cierto que los procesos penales obedecen al cumplimiento estricto de normas y procedimientos, también lo es que cuando se advierte un trato diferenciado y que presumiblemente pudiera constituir una violación al principio pro persona, se debe de levantar la voz para hacerlo notar”, advirtió el diputado hidalguense.

El abogado Reydesel Vélez, quien tiene a su cargo la defensa de mecánico, señaló que la Fiscalía poblana “discrimina” a los trabajadores del taller que son personas que no cuentan con los recursos, ni los contactos que tienen los directivos de la empresa. Consideró que mantenerlos en prisión parece más bien una cuestión mediática, sin sustento jurídico.

Recordó que los cargos que se les imputan a todos los detenidos son los mismos y que si bien, el MP puede pedir medidas cautelares contra cada imputado de acuerdo al grado de culpa, el riesgo que puedan fugarse o el peligro que pueda haber para testigos, en este proceso no hay motivos para que se pidan medidas cautelares para unos sí y para otros no.

En todo caso, refirió que serían los directivos de la empresa SAASA lo que contarían con mayores recursos económicos para poder evadirse de la justicia.

Vélez denunció además que, de manera irregular, los abogados que llevan la defensa del dueño y de los cinco trabajadores del taller Rotor Flight Service, no han sido notificados, ni se les ha permitido el ingreso a las audiencias de vinculación de los directivos de SAASA, aunque se trata de un mismo juicio.

Cabe señalar que esta actuación de la autoridad poblana pudo ser corroborado el jueves 25 de marzo, cuando se llevó a cabo la audiencia de César Rodrigo N, jefe de mantenimiento de SAASA.

Contrario a lo que ocurrió con los trabajadores del taller que fueron detenidos en fuertes operativos policíacos, el empleado de SAASA llegó a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula en su propio vehículo y se retiró de igual forma.

El abogado indicó que, aunque los directivos de la operadora del taxi aéreo acudieron con un amparo, éste los protegía sólo de la orden de aprehensión, no contra las medidas cautelares que podía pedir el Ministerio Público en la audiencia.

En el caso de César Rodrigo N, el juez impuso sólo una fianza de 10 mil pesos y la obligación de acudir a firmar cada ocho días, para Rafael Torre N (hijo del propietario del helicóptero), pidió una garantía de 30 mil pesos y firmar cada mes, mientras que, para José Alonso, Director de Operaciones de SAASA, no se impuso ninguna medida.