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Detienen a Candelario “N”, es servidor público de la alcaldía Benito Juárez, relacionado con el Cartel inmobiliario

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó sobre la detención de un ex servidor público de la alcaldía Benito Juárez Candelario “N”, relacionado con el llamado “Cártel Inmobiliario” por la presunta simulación de obras y contratos para el desvío de recursos públicos.

Tras las labores de investigación de la FGJCDMX anunciaron la captura de Candelario ‘N’, ex servidor público en la citada demarcación, por estar presuntamente relacionado “con la red de corrupción en el sector de bienes raíces”.

Tras la captura de Candelario “N”, el Ministerio Público formulará la imputación en su contra por la posible comisión en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades y asociación delictuosa.

El imputado desempeñó diversos cargos en la alcaldía Benito Juárez a partir del 2010 y durante las gestiones de los dos últimos alcaldes en la citada demarcación, es decir, en las administraciones que van de 2015 a 2018, y de 2018 a 2023, cuyo titular fue el actual candidato del PAN-PRI-PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada.

De acuerdo con la denuncia, en su calidad de servidor público, posiblemente otorgó permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias, incumpliendo la Ley de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

Las investigaciones de la Coordinación General de Investigación Territorial refieren que Candelario “N”, en su calidad de Jefe de Unidad Departamental de Obras Viales y Señalización, de manera conjunta con otros servidores públicos en Benito Juárez posiblemente celebraron, en abril de 2017, un contrato por casi cuatro millones de pesos con una empresa realizando pagos probablemente ilegales con recursos públicos que tenía a su cargo.

La indagatoria señala que la obra pública, particularmente de asfaltado, por la cual se firmó el contrato, nunca fue realizada, ya que dicha empresa no operaba ni material ni legalmente, solo se instruyó para la comisión del delito y con el conocimiento de que no tenía la capacidad ni infraestructura de ningún tipo para realizar dichas obras.

Es decir, que el contrato presuntamente se simuló para poder desviar los 4 millones de pesos del gasto público.