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Sepultan a la estudiante Debahni Susana en su municipio de origen, Galeana.

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Redacción, 24 de abril.- Este sábado, los restos mortales de Debanhi Susana, la joven estudiante de Derecho de la UANL fueron transportados al poblado Laguna de Labradores, municipio de Galeana, 210 kilómetros al sur del estado, donde fue sepultada.

Mientras que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) alertó sobre el posible fraude en el que incurre el organismo civil denominado Comisión Internacional de los Derechos Humanos México (CIDNH), que pide a las autoridades estatales que efectúen una segunda autopsia al cadáver de Debanhi Susana, encontrada muerta el pasado jueves por la noche.

Este sábado por la mañana en el exterior de las Capillas del Carmen, donde era velada Debanhi Susana Escobar Bazaldúa desaparecida el 8 de abril y encontrada sin vida en el fondo de una cisterna en Escobedo, una persona que se identificó como Omar Tamez, comisionado federal del organismo ciudadano, dijo que pediría a la Fiscalía que repitiera el procedimiento forense al encontrar inconsistencias en los exámenes periciales sobre el fallecimiento, pues el cadáver mostraba otras lesiones en el cuerpo, diferentes a la que presentó en la cabeza, que le provocó la muerte.

Al respecto, la CEDHNL aclaró que no guarda relación con la CIDH ni con Tamez, por lo que se deslinda de toda acción realizada por esta organización.

La Comisión aclara también que asociaciones como ésta carecen de facultades de investigación, por lo que alerta a la población en general de cobros indebidos por los servicios presuntamente prestados, y rechaza que se lucre con el sufrimiento ajeno en situaciones tan delicadas como la desaparición de personas”, señala.

La Comisión Estatal lamentó el fallecimiento de Escobar Bazaldúa y pidió a las autoridades trabajar en conjunto por la seguridad de las familias de la entidad.

“En relación con los recientes casos de María Fernanda y Debanhi Susana, la CEDHNL ha abierto quejas de oficio para investigar la actuación de los servidores públicos que intervinieron en la búsqueda y/o localización de las víctimas, con la finalidad de aclarar si hubo alguna omisión en los protocolos aplicados”, concluye.

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