Aprueba Congreso minuta en materia de consulta popular y revocación de mandato

Lizeth Perales

 

Pachuca, 7 de noviembre de 2019.- El Congreso local aprobó la minuta emitida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato.

El objetivo de esta minuta es precisar que los ciudadanos tiene el derecho de votar y participar en las consultas de trascendencia nacional, estatal y regional, exhibiendo los requisitos por los cuales podrán efectuarse dichos ejercicios.

Se establece que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación, organización, difusión, desarrollo cómputo y declaración de los resultados, así como de promover la participación de los ciudadanos en las consultas populares y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas.

Para los procesos de revocación de mandato del presidente de la República, será convocado por el INE a petición de los ciudadanos, en un equivalente, al menos, al tres por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que representen, como mínimo, el tres por ciento de la lista nominal de electores de cada una de ellas.

La minuta contó con el respaldo en tribuna de la representante morenista por el distrito de Tizayuca, Susana Araceli Ángeles Quezada, quien apuntó que, dentro del marco normativo de la entidad, a pesar de no tenerla regulada, Hidalgo cuenta con la figura de Revocación de Mandato, la cual tendrá que armonizarse con las disposiciones que marca la Federación.

La presidenta de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura de Hidalgo, María Luisa Pérez Perusquía, apuntó que esta reforma constitucional es un mecanismo de participación directa que permite a la ciudadanía monitorear, hacer un seguimiento y evaluar a sus gobernantes durante su mandato, lo que les permite reclamar un proceso de destitución.

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